El 22 de abril de 1985 se iniciaba las audiencias del Juicio Oral y Público a los ex miembros de las Juntas Militares que habían gobernado el país durante la última dictadura militar, un hecho único en América Latina.
Los seis jueces que integraron el tribunal fueron Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma y tras 17 semanas a lo largo de las cuales se extendió el juicio culminaron con las condenas de los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio LamiDozo.
El proceso judicial conocido como “Juicio a las Juntas” convirtió los testimonios de las víctimas y de los testigos de violaciones graves a los derechos humanos, en evidencia jurídica. Con la información difundida a través del Informe Nunca Más (Conadep, 1984) y con lo que a partir de ese 22 de abril se conocería por las audiencias del Juicio, la sociedad argentina comenzó a reconocer lo ocurrido en esos años por medio de información verosímil y legítima. Lo anterior contribuiría al proceso de toma de conciencia del horror y a la configuración de un juicio histórico y político.
Asimismo, la actuación de la justicia civil, que sentó en el “banquillo de los acusados” a quienes habían tenido la responsabilidad máxima sobre el destino de los argentinos, fue un símbolo elocuente de lo que entonces constituía una aspiración: subordinar el poder militar a la autoridad civil y a las reglas de la institucionalidad democrática, marcando la diferencia con la situación anterior.
La lucha que libraba el movimiento de derechos humanos se volvió menos solitaria. Los debates en torno a lo que acontecía en el juicio se multiplicaron y ocuparon espacios antes vedados en los medios de comunicación y en las calles.
No era ésta la vía imaginada ni deseada por el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín para enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Los resultados del Juicio fueron, sin embargo, la base para los avances judiciales que sobrevinieron y también para los acontecimientos de resistencia a esos progresos, las sublevaciones militares. Pocos años después, las leyes de punto final y de obediencia debida y luego los indultos empañarían este panorama inicial, que había permitido recuperar la esperanza de los ciudadanos en la actuación de la justicia.
Los debates sobre los logros y las limitaciones del juicio son muy amplios y valdrá la pena volver a ellos. En ocasión de la conmemoración del inicio de las audiencias, queremos destacar el significado de este juicio histórico, presentando una selección de fuentes documentales. Confiamos en que ayuden a conocer y comprender distintos aspectos de lo que fue un hito en la historia argentina, en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y un escalón indispensable en el recorrido de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina.
