El 16 de octubre de 1941 fue creada la Flota Mercante del estado, trascendental acto de gobierno, durante la Presidencia de la República del Dr. Ramón S. Castillo.
La guerra tomó al país en iguales o peores condiciones que la de 1914. Un fuerte comercio exterior (el de exportación centrado en dos o tres rubros de gran importancia, con todos los peligros del caso), para el cual prácticamente trabajaba todo el país, era conducido en lo interno y en lo internacional por medios de transportes extranjeros. Por supuesto, a cada conflicto las potencias extranjeras destinaban sus barcos según sus necesidades bélicas, y ahí quedaba la Argentina, a la buena de Dios, con una producción sin diversificar, con un pobre mercado interior y sin marina mercante de ultramar para conducir sus productos. Nuestro papel era abúlicamente pasivo: carnear y cosechar. El resto corría por cuenta de otros.
Al estallar la guerra de 1939, nuestra marina mercante, incluyendo barcos de ultramar —que podían contarse con los dedos de una mano—, cabotaje, fluviales, etcétera, sumaba 280.000 toneladas de registro bruto, ocupando el decimonoveno lugar en el mundo. En cambio, el comercio exterior argentino era de gran importancia —aunque vulnerable, según hemos dicho—. Había un contraste grotesco entre nuestro comercio exterior y los medios que el país poseía para comercializarlo, industrializarlo y transportarlo. Desde los primeros momentos, comienza la guerra submarina en gran escala, y, paulatinamente, las marinas mercantes británica, francesa, holandesa, noruega, etcétera, van disminuyendo la intensidad de sus viajes a nuestros puertos.
De raíz desaparecen las marinas mercantes italiana y alemana. Más tarde siguió Japón. Luego también los Estados Unidos fueron disminuyendo el tonelaje asignado a la costa Este y Sud América. Y así, día a día, veíamos caer el número de barcos que tenían a nuestros puertos como terminales. La consecuencia de todo esto: penurias en las importaciones, precisamente en épocas en que la industria nacional debía pertrecharse para satisfacer en lo posible la demanda interior; acumulamiento de las cosechas en los puertos, sin posibilidad de salir; en una palabra, un dislocamiento que amenazaba sacudir violentamente la vida económica de la Nación.
La imprevisión nos privó de la posesión de una marina mercante de ultramar, pese a las duras enseñanzas de la primera guerra mundial. Esta vez, afortunadamente, las cosas tomaron otro rumbo. Es que era aterrador pararse a pensar qué porvenir le esperaba al país con su comercio exterior racionado a extremos angustiosos. La guerra, que todo lo subvirtió, fue la misma que nos dio el principio de solución. En efecto, el estallido del conflicto sorprendió a una cantidad de barcos de potencias beligerantes surtos en nuestros puertos. Así sucedió también en otros países de América. Quedó convenido que cada uno pusiera nuevamente en condiciones de navegar esos barcos. Unos países procedieron a incautarse de los barcos. La Argentina, en cambio, entabló negociaciones con los representantes del Gobierno italiano acreditados en el país.
El 25 de agosto de 1941 fue firmado el convenio de adquisición de los 16 barcos italianos inmovilizados en puertos argentino. Ocho de estos barcos fueron adquiridos en forma definitiva. Los ocho restantes quedaron sujetos a un derecho de opción por parte del Gobierno italiano, para readquirirlos dentro de los seis meses posteriores a la fecha de terminación de la guerra. El Gobierno de Italia hizo uso de su derecho a fines de 1945 y dentro del plazo estipulado en el convenio. En consecuencia, nuestro país procedió a devolver los buques sujetos a la cláusula de retro-venta. El total de los buques adquiridos a Italia sumaba 136.554 toneladas de porte bruto. El precio pagado fue de $ 63.541.926,12. Con estos barcos fue que la Flota Mercante del Estado dio comienzo a sus actividades.
El convenio del 25 de agosto de 1941 fue firmado por los representantes argentinos ad referéndum del Congreso Nacional. Por ello, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un mensaje y proyecto de ley, solicitando la aprobación de la operación. El proyecto quedó convertido en ley, promulgándola el Poder Ejecutivo bajo el N° 12.736, el 4 de octubre de 1941. Durante la discusión parlamentaria de la referida ley, quedaron aclaradas algunas cláusulas del convenio, asumiendo especial importancia las manifestaciones que se hicieron para el caso en que los Estados Unidos entraran en el conflicto.
