Más de 43.000 casos siguen pendientes de resolver en Naciones Unidas El 30 de agosto fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, con el fin de sensibilizar sobre el riesgo del aumento de las desapariciones forzadas en el mundo. La desaparición forzada se produce cuando el Estado o personas que actúan con su autorización, respaldo o consentimiento privan de libertad a una persona y después niegan que está bajo custodia u ocultan su suerte o su paradero; así, la persona afectada queda fuera de la protección de la ley. Amnistía Internacional recuerda un año más que la desaparición forzada es un crimen contra el derecho internacional y, bajo ciertas circunstancias, está tipificada como crimen de lesa humanidad. Está prohibida tanto por el derecho internacional como por el derecho internacional humanitario. Además, viola el derecho a la seguridad y a la dignidad, a unas condiciones humanas de reclusión, a la personalidad jurídica, a un juicio justo y a la vida familiar. Por eso, la organización pide a los gobiernos de todo el mundo que investiguen de inmediato todas las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas, para lograr localizar el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a los responsables.
Asimismo, para AI es imprescindible que se reconozca el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y se tenga en cuenta para defender su derecho a la reparación integral. Siria, México o Irak son algunos de los países sobre los que desde Amnistía Internacional ponemos especial atención, pero, desgraciadamente, esta práctica se lleva a cabo en todo el mundo. Repasamos en este dossier algunos de los ejemplos documentados por Amnistía Internacional. Algunos datos de Naciones Unidas La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es el más alto instrumento de prevención de este crimen del derecho internacional. Hasta el momento son ya 93 países los que la han firmado y 43 los que la han ratificado. Los últimos Estados en hacerlo han sido Camboya, Lesoto, Lituania, Portugal y Togo. España la ratificó en enero de 2009. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU ha alertado de que existen todavía más de 43.000 casos de desapariciones forzadas pendientes en Naciones Unidas. El Grupo ha examinado en los últimos meses casos de países como Bahréin, Camboya, China, República Dominicana, Egipto, Indonesia, Pakistán, Siria, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
