El 26 de junio de 2002 en las inmediaciones de la Estaciónde Avellaneda (Gran Buenos Aires) tuvo lugar la llamada
Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados
Máximiliano Kosteki y Darío Santillán. Tras una auténtica
cacería llevada a cabo por la policía bonaerense, los jóvenes
militantes sociales son asesinados por el subcomisario
Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quienes, al
igual que otros efectivos, reemplazaron los cartuchos con
punta de goma por los que llevan en su interior postas de
plomo. Tras las fallidas maniobras de ocultamiento y
desinformación organizadas por el gobierno de Eduardo
Duhalde con el apoyo activo de los grandes medios de
información (en particular del grupo Clarín, que tenía en su
poder las fotografías probatorias de la autoría del crimen) la
verdad finalmente salió a la luz y el presidente provisional
Eduardo Duhalde se vio obligado a convocar
anticipadamente a las elecciones presidenciales.
El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 de Lomas de
Zamora condenó a cadena perpetua a Franchiotti y Acosta y
recomendó que se investigara la responsabilidad del gobierno de Duhalde en los asesinatos. Eduardo
Duhalde era presidente de la Nación, Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero,
ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, Jorge Matzkin ministro del Interior, Carlos Soria, jefe de la SIDE. Ninguno de ellos fue juzgado por
el crimen.
