La presidenta Cristina Fernández de
Kirchner decretó la intervención de YPF y envió al Congreso un proyecto que
propuso expropiar el 51% de las acciones de la petrolera con el objetivo de
recuperar para el Estado el control de la firma trece años después de haberlo
perdido a manos de Repsol. El proyecto establece que todos los papeles sujetos
a expropiación son de la multinacional española, la cual de ese modo vería
reducida su participación en la compañía. Del paquete que cede Repsol, el 51%
va a quedar en manos del Poder Ejecutivo y el 49% restante pasaría a manos de
las provincias petroleras.
