Cada 10 de junio la República Argentina recuerda la fecha de creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desde su independencia de España, el Gobierno Argentino, en su condición de heredero de los territorios australes y los espacios marítimos circundantes que habían pertenecido a la Metrópoli, ejerció sus derechos de manera permanente, procediendo, al dictado de las normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaran el ejercicio de su soberanía, fomentando el desarrollo de actividades comerciales, el establecimiento de población y una oficina administrativa local. La culminación de este proceso fue el dictado del Decreto estableciendo la Comandancia Cívica Militar de Malvinas, en la fecha que hoy recordamos, a cuyo frente fue designado D. Luis Vernet.
El 3 de enero de 1833 las autoridades y los pobladores argentinos de las Islas fueron expulsados por el Reino Unido mediante el uso de la fuerza, procediendo, a partir de entonces, las ilegítimas autoridades británicas a ejercer un férreo control migratorio con la finalidad de configurar una población a la medida de sus pretensiones coloniales. La República Argentina nunca consintió tal despojo territorial.
A pesar del tiempo transcurrido y de las innumerables invitaciones al diálogo de la República Argentina, el Reino Unido se niega a reanudar las negociaciones de soberanía. Negociaciones - que en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas - desde 1966 y durante 17 años llevaron a que las Partes consideraran diferentes alternativas para resolver la disputa. Londres no dudó en ese entonces negociar la cuestión de fondo con Argentina, inclusive con dictaduras. Resulta incomprensible e inadmisible su negativa a volver a la mesa de negociaciones con sucesivos Gobiernos democráticos.
La Argentina no está sola en su reclamo. América Latina y el Caribe respaldan firmemente nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Como muestra concreta de tal solidaridad, en marzo pasado los cancilleres de Uruguay y Cuba y el vicecanciller del Perú, en representación de las Presidencias Pro Témpore del MERCOSUR, CELAC y UNASUR, respectivamente, expresaron junto al Canciller Héctor Timerman, el sólido respaldo regional ante el Secretario General de la ONU, el Presidente del Comité Especial de Descolonización y los Representantes de los Estados que integran el mismo.
La Causa Malvinas se proyecta más allá de la región. En una contundente muestra de solidaridad Sur-Sur, en la reciente Cumbre América del Sur - África celebrada en Malabo, Guinea Ecuatorial, las 54 naciones de África, quienes sufrieron el colonialismo en carne propia, expresaron su unánime respaldo a los derechos de soberanía argentinos.
A ello se agregan los numerosos y permanentes pronunciamientos de múltiples organismos y foros internacionales que insisten en renovar el llamamiento a ambas partes a reanudar las negociaciones para poner fin, de manera pacífica y justa, a la disputa de soberanía, entre los que se destacan la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas y las Cumbres de Países Sudamericanos y Árabes (ASPA), así como la Organización de los Estados Americanos que se pronunció el pasado 6 de junio, una vez más, a favor de la reanudación de las negociaciones.
La Comunidad Internacional se ha pronunciado clara y firmemente respecto a la forma de alcanzar una solución a la disputa de soberanía. Sin embargo, en lugar de cumplir con sus obligaciones internacionales, el Reino Unido organizó en marzo pasado una votación entre los pobladores que ese país implantó en las Islas Malvinas para preguntarles sobre cuestiones que pretenden tergiversar la verdadera condición jurídica en que se encuentran esas islas. Esa votación no encuentra sustento en ninguna de las 40 Resoluciones de la ONU sobre la Cuestión Malvinas, no altera la naturaleza bilateral de la disputa de soberanía ni releva a ese país de cumplir con la obligación que el derecho internacional le impone de resolver pacíficamente la controversia que mantiene con la Argentina mediante la reanudación de negociaciones. Dicha maniobra política, no avalada por las Naciones Unidas ni reconocida por ningún gobierno, ha sido expresamente rechazada por el MERCOSUR, UNASUR y el ALBA.
La negativa al diálogo encubre, asimismo, una injustificada presencia militar británica en el Atlántico Sur, así como la ilegítima apropiación de recursos naturales renovables y no renovables. Cuestiones estas que generan una creciente preocupación en la comunidad internacional, conforme ha sido expresado, entre otros foros, por la Cumbre Ministerial de los países de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, celebrada en enero de 2013, en Montevideo, Uruguay.
La obstinada intransigencia británica no sólo desoye las citadas exhortaciones de la comunidad internacional, sino que incumple la obligación que pesa sobre todos miembros de la ONU, de resolver pacíficamente las disputas internacionales. La condición del Reino Unido de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad no sólo no lo exime de sus obligaciones internacionales, sino que más aún, tal asiento y los privilegios que conlleva le demanda una responsabilidad especial como garante de la paz y seguridad internacional, responsabilidad que deserta al rehusar al diálogo con la República Argentina.
En memoria de aquellos patriotas y pioneros que fueron expulsados de nuestra tierra en 1833 por un invasor que reclamaba territorios a 14 mil kilómetros de distancia, el Gobierno de la República Argentina reitera continuamente su derecho inalienable sobre las islas, así como su firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a las que nos exhorta las Naciones Unidas para dar punto final a esta tan inaceptable como anacrónica situación colonial.
