El 22 de abril de 1985
se iniciaba las audiencias del Juicio Oral y Público a los ex miembros de las
Juntas Militares que habían gobernado el país durante la última dictadura
militar, un hecho único en América Latina.
Los seis jueces que
integraron el tribunal fueron Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil
Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma y tras 17
semanas a lo largo de las cuales se extendió el juicio culminaron con las condenas
de los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola,
Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge
Anaya y Basilio Lami Dozo.
El proceso judicial
conocido como “Juicio a las Juntas” convirtió los testimonios de las víctimas y
de los testigos de violaciones graves a los derechos humanos, en evidencia
jurídica. Con la información difundida a través del Informe Nunca Más (Conadep,
1984) y con lo que a partir de ese 22 de abril se conocería por las audiencias
del Juicio, la sociedad argentina comenzó a reconocer lo ocurrido en esos años
por medio de información verosímil y legítima. Lo anterior contribuiría al
proceso de toma de conciencia del horror y a la configuración de un juicio
histórico y político.
Asimismo, la actuación
de la justicia civil, que sentó en el “banquillo de los acusados” a quienes
habían tenido la responsabilidad máxima sobre el destino de los argentinos, fue
un símbolo elocuente de lo que entonces constituía una aspiración: subordinar
el poder militar a la autoridad civil y a las reglas de la institucionalidad
democrática, marcando la diferencia con la situación anterior.
La lucha que libraba el
movimiento de derechos humanos se volvió menos solitaria. Los debates en torno
a lo que acontecía en el juicio se multiplicaron y ocuparon espacios antes
vedados en los medios de comunicación y en las calles.
No era ésta la vía
imaginada ni deseada por el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín para
enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Los
resultados del Juicio fueron, sin embargo, la base para los avances judiciales
que sobrevinieron y también para los acontecimientos de resistencia a esos
progresos, las sublevaciones militares. Pocos años después, las leyes de punto
final y de obediencia debida y luego los indultos empañarían este panorama
inicial, que había permitido recuperar la esperanza de los ciudadanos en la
actuación de la justicia.
Hay que destacar el
significado de este juicio histórico como un hito en la historia argentina, en
el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y un escalón
indispensable en el recorrido de la lucha por la memoria, la verdad y la
justicia en la Argentina.
