La violencia institucional es una de las asignaturas pendientes de una democracia que cumplirá 30 años el próximo diciembre. La transición de la dictadura a la democracia generó múltiples desafíos. El terrorismo de Estado aplicado sistemáticamente en dicha etapa, no logró desandarse fácilmente con la llegada de la democracia en 1983.
En el mismo período en el que el Estado Argentino aprobaba las “leyes del perdón”, la Ley de Punto Final en 1986 y la Ley de Obediencia Debida en 1987, en la localidad de Budge, efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires asesinaban a tres jóvenes en una esquina, inaugurando así uno de los principales desafíos de la democracia: la violencia institucional.
El 8 de mayo de 1987, en la conocida “Masacre de Ingeniero Budge”, fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial, recuperando así trayectorias de los organismos de derechos humanos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En memoria de la masacre de Budge, y de los cientos de jóvenes asesinados por fuerzas policiales, el 8 de mayo es el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” (Ley Nº 26.811). En correlato con esta Ley, el Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación acordó, en la Resolución Nº 189/12, que el 8 de mayo se incluya en los calendarios escolares de cada jurisdicción, disponiendo que en los “establecimientos educativos se realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
