La revuelta, que tuvo como epicentro el edificio de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, se produjo el 16 de abril de 1987 y se prolongó, durante Semana Santa, hasta el día 19 de ese mismo mes y año.
En aquellos tiempos Aldo Rico se amotinó junto a otros oficiales para resistir a una citación judicial al Mayor cordobés Ernesto Barreiro, encausado por su participación activa en la represión al movimiento obrero y popular de su provincia.
Antes de este hecho, en diciembre de 1986, se había sancionado la Ley de Punto Final, que ponía un plazo de 60 días para procesar a los acusados por crímenes cometidos durante la dictadura; pero la medida no alcanzó para frenar el descontento de los militares; quienes también reclamaban por el cese de lo que ellos llamaban “campaña de agresión contra las Fuerzas Armadas” y por conseguir un incremento en el presupuesto que Alfonsín había recortado tras asumir
El 15 de abril, Ernesto Barreiro, un mayor que había perdido su grado, se recluyó en un cuartel (Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada, bajo la protección de su jefe, el teniente coronel Luis Polo) junto a otros 130 militares, para resistir la orden de detención judicial. A Barreiro lo buscaba la Justicia por hechos cometidos –secuestro, tortura y muerte de María Luz Mugica de Ruarte- en “La Perla”, el centro clandestino del III Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, durante la dictadura.
La reacción se extendió a otros cuarteles y el teniente coronel Aldo Rico, a cargo de un regimiento en Misiones, pasó a liderar la amenaza sobre el gobierno nacional desde la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Comenzaba así, la rebelión militar.
Los carapintadas exigían la renuncia de los altos mandos del Ejército y la sustitución del juicio a los autores de violaciones a derechos humanos por otra que contemplara situaciones más flexibles para los oficiales que recibieron órdenes.
El gobierno nacional ordenó a fuerzas militares que obligaran a sus pares a deponer la rebelión, pero nadie se movió de sus cuarteles, con excepción del general Ernesto Alais, que salió con una fuerza de tanques desde el II Cuerpo, con sede en Rosario, pero nunca llegó en cuatro días a Campo de Mayo.
Tras la sorpresa de la rebelión, la Plaza de Mayo comenzó a ser ocupada por manifestantes a favor de la democracia y permaneció repleta hasta el discurso final de Alfonsín que anunció el término del conflicto.
La respuesta de las organizaciones políticas fue inmediata en favor del gobierno y de la estabilidad del Presidente. Esa situación de fuertes tensiones se prolongó cuatro días y tuvo tres áreas físicas claramente determinadas: los cuarteles, el Congreso y Plaza de Mayo.
El jueves 16, por la noche, respondió el Presidente con un mensaje en el Parlamento ante una virtual Asamblea Legislativa, y con miles de personas en la calle bramando de indignación contra los uniformados sediciosos. “Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hallan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura. No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza”, replicó Alfonsín, en medio de las ovaciones.
El domingo 19, Día de Pascuas, se concentrarían todos los ingredientes de la crisis con la sublevación centrada en Campo de Mayo; los partidos, dirigentes y legisladores movilizados y una multitud en Plaza de Mayo, ante la cual se abrió el balcón de la Casa de Gobierno, apareció Alfonsín y habló a la multitud. Luego subió a un helicóptero que lo llevó al lugar de los hechos para hablar con los militares rebeldes, ya que había fracasado un acuerdo para que depusieran su actitud en el que había participado Horacio Jaunarena, ministro de Defensa.
La reunión con Rico y los suyos, preparada con el apuro propio de las circunstancias, se realizó en otro lugar dentro del amplio predio, donde debieron acudir los oficiales. Además de Alfonsín y Rico, participaron el teniente coronel Enrique Venturino y el coronel Luis Pedrazzini, que era el jefe leal de la dependencia sublevada.
Volvió a la Plaza, donde la muchedumbre lo esperaba. Fue entonces cuando dijo que “los amotinados” habían depuesto su actitud, que entre ellos había “héroes de Malvinas” y que tomaron una posición equivocada, por la que iban a ser detenidos y sometidos a la Justicia.
Concluían un centenar de agitadas horas en el país. Pero la crisis seguiría su propia dinámica.
El sábado 16 de mayo –un mes después del estallido-, Diputados volvió a modificar los alcances de la obediencia debida (119 votos contra 59) y el 28 de mayo lo hizo el Senado, ampliando sus límites hasta transformar la ley en una amnistía encubierta, decisión aceptada por la Cámara baja el 5 de junio.
