Repensando el 19 y 20 de diciembre de 2001. Por Alberto Lettieri. Historiador
El 19 y 20 de diciembre de 2001, la sociedad argentina experimentó un punto de inflexión. El colapso del modelo neoliberal, sembrado por la dictadura cívico-militar de 1976 y abonado por las gestiones de Carlos Menem y de Fernando de la Rua, concluyó con una profunda crisis, que constituyó el preludio de una nueva etapa histórica, caracterizada por la celebración de un nuevo pacto social en torno a un nuevo proyecto, en clave productiva, nacional y popular, liderado por Néstor Kirchner.
Las imágenes de esos sucesos están aún frescas en nuestras retinas, razón por la cual la tarea del historiador consiste en este caso, más que en reconstruir la trama histórica, en proponer una interpretación sobre su significado y su potencialidad en el marco del proceso histórico que le sucedió.
Una primera lectura sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre permite explicarlas como una respuesta concreta a las últimas medidas implementadas por el ministro Domingo Cavallo –déficit cero, “megacanje” de deuda, recorte del 13% de los haberes a empleados estatales e imposición del “corralito” financiero–, que significaban un incremento del empobrecimiento de las grandes mayorías y de la exclusión social. Estas medidas venían a coronar la inacabable sucesión de políticas de ajuste, de entrega del patrimonio nacional y de destrucción de los derechos y conquistas de los trabajadores que reconocía sus orígenes en el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, en 1955.
La segunda mirada, en la que deseo detenerme, apunta a asignar un significado a las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del proceso histórico que conduce hasta nuestro presente. Tal como había sucedido en otras jornadas que impusieron un punto de inflexión en la historia argentina, como el 25 de mayo de 1810 o el 17 de octubre de 1945, el protagonista excluyente del 19 y 20 de diciembre fue el pueblo movilizado. La conciencia de estas dos características comunes –punto de inflexión y protagonismo popular– condujo a algunos de sus contemporáneos a interrogarse si el 19 y 20 de diciembre podría significar una especie de nuevo 17 de octubre. A once años de esos sucesos, resulta apropiado ensayar una respuesta.
El 19 y 20 de diciembre y el 17 de octubre. En principio, debe consignarse que si bien pueden constatarse similitudes, también existen muchas diferencias entre ambos acontecimientos. La más importante es que, en tanto el 17 de octubre de 1945 el pueblo se movilizó en reclamo de un programa concreto –la continuidad de las conquistas obtenidas en los dos años precedentes– y juzgaba como garantía excluyente la liberación y restitución de su líder, el programa del 19 y 20 de diciembre se definía por la negativa, por aquello que el pueblo sabía que no quería –ajuste, destrucción de las conquistas sociales, corrupción–, al tiempo que juzgaba como requisito sine qua non el desplazamiento de la clase política, tal como lo expresaba el lema “que se vayan todos”.
De este modo, el 19 y 20 de diciembre nos presentaba a un pueblo en estado de disponibilidad, pero carente de un programa y de un liderazgo carismático capaz de sintetizar a ese colectivo, proponiéndole un nuevo proyecto y un nuevo contrato social. Sus contemporáneos ignoraban si el desenlace de este proceso, pero eran conscientes de la potencialidad transformadora de la situación, en la medida en que esas jornadas confirmaban la supresión de una condición esencial para la imposición de un modelo de concentración de la riqueza y saqueo del patrimonio nacional: la desmovilización social.
Esa desmovilización alcanzaba antigua data, ya que desde la Revolución Fusiladora la dirigencia reaccionaria intentó eliminarla a través de la prohibición y exclusión del peronismo, la supresión de las garantías constitucionales, la imposición de políticas coactivas y el Terrorismo de Estado, con la complicidad de medios periodísticos transformados en multimedia oligopólicos. Tras un breve paréntesis durante la “primavera democrática” iniciada con la asunción de Raúl Alfonsín y clausurada bruscamente con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, una vez más la política de tecnócratas, altos funcionarios y empresarios caracterizados se había adueñado nuevamente de la escena.
La potencialidad transformadora. Hoy, podemos terminar de construir ese relato en perspectiva, porque tenemos muchos más elementos de juicio de los que disponían sus contemporáneos. Tras una profundización del conflicto social durante la gestión de Eduardo Duhalde, que derivó en los asesinatos de Maximiliano Kostecki y de Darío Santillán, las elecciones del 27 de abril de 2003 adjudicaron la victoria a Néstor Kirchner. Su exiguo capital electoral, apenas un 22,24% de los votos, le exigió construir una legitimidad de ejercicio, a través de su gestión, para garantizar la gobernabilidad. Justamente en la capacidad demostrada para revertir esa precariedad inicial radica la clave de su éxito, que no se limitó a consolidar su autoridad, sino que le permitió establecer y consolidar una relación carismática en base a un programa y un estilo político que permitió canalizar las expectativas sociales mayoritarias.
Néstor Kirchner combinó un modo de acción desacantonado y esencialmente pragmático, con un sólido programa que fue desplegándose en la acción, operando sobre las coyunturas concretas. A diferencia de sus antecesores, no se limitó a tratar de “apagar el incendio”, sino de provocar una profunda transformación, reemplazando la matriz especulativa y excluyente por otra caracterizada por la producción y la inclusión social, y reinstalando la vigencia de los DD.HH. en nuestro país. Para ello, consolidó la autoridad de un Estado colapsado por el desguace y la crisis, restituyéndole su papel de garante y promotor de los derechos sociales y no ya de los privilegios e intereses de pequeños grupos privados o corporativos.
A diferencia de lo que se sostiene habitualmente, el Estado no había estado ausente en los años ’90, sino demasiado presente, y así garantizó la explotación, la corrupción, la entrega, la liquidación de la justicia y de los derechos humanos esenciales, la concentración de la riqueza, el disciplinamiento y la exclusión de las grandes mayorías, la destrucción de las políticas sociales, etc. Fue un Estado presente, tanto en lo que hacía, como en lo que deliberadamente dejaba de hacer o dejaba hacer.
De este modo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron un punto de inflexión en el humor social, en la decisión de la sociedad de ponerle un freno al programa neoliberal y a las prácticas de sus instrumentos políticos. Su traducción en un programa político concreto y en un nuevo liderazgo carismático capaz de implementarlo debería esperar casi un año y medio más. El 25 de mayo de 2003 la asunción de Néstor Kirchner replicaba ese quiebre en clave político-institucional, diferente en sus formas, pero similar en su potencialidad transformadora a las grandes gestas de la Patria de los argentinos.
