A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, con la resolución 54/120 I, el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese día se organizaran actividades de información pública, que sirvieran para promover una mayor toma de conciencia sobre los principios del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ), creado en 1995.
La promoción de este día apoya medidas, tanto nacionales como internacionales para:
Mejorar la participación de la juventud en las actividades de las Naciones Unidas, así como en la sociedad y en la toma de decisiones.
Desarrollar políticas en temas prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil.
Desarrollar canales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.
América Latina y el Caribe es una de las zonas con más altos índices de pobreza del mundo. Muchos jóvenes de la región tienen un acceso limitado a los servicios públicos, como el suministro de agua potable, las carreteras, la asistencia sanitaria y la educación. Según el Informe sobre el Estado de la Juventud Mundial 2005, se estima que aproximadamente 11 millones de jóvenes viven con menos de 1 dólar por día, y 27,2 millones con menos de 2.
La definición de joven tiene varias interpretaciones. Por lo general las Naciones Unidas, en base a la definición de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), considera jóvenes a las personas entre 15 y 24 años. Para UNICEF, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandato es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad. UNICEF concuerda que esta etapa cubre todos los niveles de desarrollo en el ciclo vital de los niños y de los adolescentes, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo para que opinen y se consideren personas autónomas y creativas dentro de la sociedad.
La Convención, como el documento legal más aceptado del mundo, establece la participación como un derecho. Este principio materializa los esfuerzos de UNICEF en generar condiciones para que niños, niñas y adolescentes tengan de una forma explícita derecho a una ciudadanía, incluido el derecho a votar, y puedan encontrar sus propias capacidades para contribuir en la familia, comunidad y sociedad.
