El Congreso sanciona la ley que pone "punto final" a los procesos por violación de los derechos humanos, enviada por el presidente Raúl Alfonsín, quien desde su decisión de juzgar a las juntas de comandantes de la dictadura no había dejado de retroceder ante la amenaza de los sectores militares.
No fue suficiente y luego de la asonada carapintada de Semana Santa, el Poder Ejecutivo propiciaría la sanción de la Ley 23521, llamada de Obediencia Debida, según la cual los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en "obediencia" a órdenes emanadas de sus superiores. Estas leyes provocaron fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, así como de sectores internos del radicalismo, marcando un punto de inflexión en el gobierno de Alfonsín, que a partir de ese momento comenzó a sufrir una irreversible merma en sus niveles de popularidad.
En el año 2003, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner, el Congreso acabó con este oprobio declarando la nulidad de las "leyes de la impunidad".